Detienen a expresidenta del TSJ por destruir evidencia de caso Ayotzinapa

Este miércoles 14 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero. La exfuncionaria de 80 años de edad, fue trasladada a la sede de la Policía Federal Ministerial en Guerrero para su certificación médica y posterior ingreso a un penal.

El motivo de su aprehensión fue presunta responsabilidad en la destrucción de videos clave relacionados con el caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas en 2014. También por desaparición forzada de personas y delitos cometidos en contra de la administración de justicia.

Galeana Marín supuestamente ordenó destruir grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala. Estos videos podrían tener registro del momento en que policías municipales y presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos interceptaron a los estudiantes.

En su momento, la exfuncionaria declaró que las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia no tenían utilidad, ya que “solo habían captado manchas borrosas”.

Un Crimen de Estado

El caso Ayotzinapa está catalogado como un crimen de estado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ). En 2022, publicaron un informe que confirmaba la participación de autoridades en la desaparición de los estudiantes. Este mismo informe reveló la implicación de miembros del Ejército.

Por otro lado, en septiembre de 2022, un juez federal ordenó la aprehensión de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre Rivero. Esto incluyendo al ex procurador Iñaki Blanco, por delitos relacionados con la desaparición de los estudiantes y vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

En marzo de 2025, detuvieron también en Iguala, Guerrero, a un expolicía municipal por su presunta participación en la desaparición de los normalistas. Rey Flores Hernández, “El Negro”, de 50 años, formaba parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Se desempeñaba como policía municipal al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

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