Guanajuato
Nuevas evidencias sugieren que el presunto hackeo a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) fue más profundo de lo que se conocía. El periodista especializado Ignacio Gómez Villaseñor publicó en su cuenta de X capturas de pantallas internas que mostrarían monitoreo de circuito cerrado en las instalaciones de la Fiscalía, con registros datados el 23 de octubre de 2025 a las 14:00 horas.
Estos materiales incluyen bases de datos con nombres que, según el periodista, coinciden con sistemas internos de seguridad, procuración de justicia y administración de la FGE. Entre los archivos se encuentran:
- DBDENUNCIA_C5.mdf, ligado a denuncias o reportes del sistema de videovigilancia C5.
- VEHI_BUS.mdf y VEHI_ROBO.mdf, posiblemente relacionados con búsquedas de vehículos y reportes de robo.
- CERESO.mdf, que podría contener información penitenciaria.
- MAND_BUS.mdf, con potencial de incluir mandamientos judiciales o órdenes de aprehensión.
- Las bases RPAE_BUS.mdf y RNAE_BUS.mdf, que se vinculan con registros administrativos de personas.
- info_cni.mdf, que podría pertenecer al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- NODO20_PREVSOC.mdf, una base de 61 GB que, por su volumen, podría contener expedientes de prevención social o control de casos, descrita por Gómez Villaseñor como “brutal”.
- CARGAS.mdf, que se interpretaría como expedientes procesales o cargas administrativas.
A estas bases se suman las capturas de cámaras internas y carpetas con nomenclaturas muy similares a las mencionadas por el periodista. Esto sugiere (siempre que los archivos sean auténticos) un acceso considerable a los sistemas internos de la FGE.
Sin respuesta oficial de la Fiscalía
El grupo Tekir APT, al que se atribuye el hackeo, ya había anunciado previamente la exfiltración de decenas o incluso cientos de gigabytes de datos desde los servidores de la Fiscalía. Según Gómez Villaseñor, estos archivos se habrían subido a un sitio oculto (“onion”) en la red Thor, dificultando su rastreo público.
Pese a la gravedad de la situación, la Fiscalía de Guanajuato no ha emitido una respuesta oficial que aclare las acusaciones o confirme la veracidad de las filtraciones. Este hecho ha generado preocupación en la comunidad de ciberseguridad.
Organizaciones locales han exigido transparencia y un informe técnico detallado para evaluar el impacto real del supuesto acceso no autorizado. 
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