Guanajuato
Por medio de una iniciativa de reformas a la constitución política para el estado de Guanajuato y el código penal estatal; el estado de Guanajuato pretende convertirse en el primero del país, donde la protección a periodistas y defensores de derechos humanos sea una obligación constitucional.
En el documento que contiene la iniciativa de ley que fue turnada por la gobernadora del estado, Libia Denisse García y que la comisión de derechos humanos del congreso del estado comenzó su revisión el pasado 13 de diciembre se señala que se debe proteger a reporteros y reconocer a buscadoras y personas defensoras de los derechos humanos.
También se contempla establecer el sistema de defensa y aumentar las penas de cárcel para los agresores de periodistas y activistas.
La propuesta que es de la autoría del consejo estatal de protección para personas promotoras de derechos humanos y periodistas, a cargo de Sofia Negrete, José Meza y Carlos García contempla que sea obligación el estado y los municipios la protección a periodistas.
En la modificación al artículo 240 del código penal para el estado de Guanajuato se propone aumentar las penas para quien use la violencia, acoso o intimidación para impedir que se ejerza la actividad periodística y se aplique una sanción privativa de la libertad de seis años de cárcel.
Se incorpora el agravante para incrementar en un 50 por ciento más la pena, cuando sea un servidor público quien intimide o impida a un periodista realizar su labor.