Celaya, Gto.
Un grave problema administrativo fue revelado en la nómina municipal, donde más de 30 empleados gestionaban manualmente cálculos en Excel, generando inconsistencias en el pago del impuesto sobre la renta (ISR). Según la investigación, algunos trabajadores eran beneficiados con menores deducciones, mientras otros eran perjudicados, lo que se atribuye a favoritismos o negligencia. Estas irregularidades, acumuladas durante décadas, llevaron al presidente municipal a señalar que se había “institucionalizado una forma de encubrir fraudes”. Además, se detectó que funcionarios ocupaban plazas con funciones y salarios desalineados, agravando la desorganización.
Para corregir estas anomalías, se contratará un despacho externo especializado en planeación fiscal, con el fin de establecer un sistema automatizado que elimine el uso de hojas de cálculo y asegure el cumplimiento de las obligaciones fiscales. También se revisarán los conceptos que deben o no ser gravados, garantizando que los descuentos se realicen de manera justa y conforme a la ley. El objetivo es no solo evitar más pérdidas económicas, sino también prevenir sanciones del sistema de administración tributaria (SAT).
“Por qué se permitió que hubiera por trienios y trienios, treinta y tantas personas haciendo la nómina personal, entonces a mí me daban 50, 100 y entonces yo ahí podía hacer lo que acabamos de ver, cobrar impuestos bien a unos y cobrar impuestos mal a otros, nosotros vamos a seguir con esta, aunque es poco a poco, nosotros poco a poco vamos a ir solucionando problemas como este de nóminas y luego nos vamos a otro y luego nos vamos a otro y lo vamos a solucionar al final todo pero poco a poco porque nosotros no tenemos otra forma, no lo que yo le digo que considero es que la forma de controlar en todos los niveles está mal, institucionalizaron una forma para no descubrir desfíos, fraudes, etcétera”
Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal de Celaya
El municipio ha solicitado una auditoría integral que abarque las nóminas y otras áreas críticas para determinar responsabilidades. Mientras tanto, se intensificarán los controles internos para evitar más irregularidades. Aunque no se descartan posibles sanciones, el enfoque prioritario será corregir los errores para evitar daños futuros al personal y las finanzas públicas.
