No cederá gobierno ante presiones por pensiones irregulares

Celaya, Guanajuato

La controversia entre el municipio de Celaya y los jubilados y pensionados sigue en un punto crítico tras las negociaciones fallidas y la mediación infructuosa del subsecretario de Gobierno.

El tema central se concentra en que las prestaciones otorgadas durante años carecen de uniformidad y sustento lega. Esto impide homologarlas sin poner en riesgo las finanzas públicas. Con un gasto cercano a los 100 millones de pesos, el futuro de estas erogaciones compromete la viabilidad de la hacienda municipal.

Ante este panorama, se plantearon dos rutas como único desenlace posible

1. Negociar bajo términos legales, con ajustes para ambas partes
2. Que los jubilados recurran a la vía judicial.

En caso de demandas, cada situación se atendería individualmente conforme a dictámenes, contratos colectivos y justificación jurídica, sin defensa legal del municipio, pero que el presidente sentenció que los quejosos perderían.

Esto permitiría corregir irregularidades heredadas y garantizar certeza jurídica hacia adelante, aunque implique procesos largos y la suspensión de beneficios que carezcan de respaldo.

“Entonces, lo que yo les digo es que nosotros por presiones no. El otro año nosotros tenemos que ser consecuentes. No les vamos a dar el dinero y vamos a empezar nosotros a actuar como están las cosas. Entonces ellos nos tienen que demandar.

Ahora sí, porque no les vamos. Si no tienen derecho a ninguna prestación, no les vamos a dar ninguna prestación a partir de enero del otro año. Si tienen derecho a ciertas prestaciones, les vamos a dar estas prestaciones.

Si tienen derecho a todas las prestaciones, les vamos a dar todas las prestaciones. Dependiendo el caso. Y lo vamos a hacer a partir de enero.

¿Es decir, hasta finales de año se mantiene la situación como está?
Sí, se mantiene la situación. Y a partir de enero, en sus salarios, ellos ya van a ver lo que les corresponde por ley. Por ley, lo que les corresponde. Y ya no hay negociación porque a partir de enero, ¿cómo vamos a negociar? Ya hay otra cosa.”

Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya

Los representantes de los jubilados, sin embargo, se han mostrado firmes en exigir la continuidad de las prestaciones bajo presión y sin judicializar el conflicto. Esta postura coloca al municipio en la disyuntiva de no ceder recursos sin sustento legal. Esto comprometería la transparencia y los intereses de la ciudadanía.

Con los canales de diálogo agotados y el inicio del próximo año como plazo límite, la resolución apunta a que solo el marco legal definirá qué prestaciones permanecerán y cuáles se extinguirán, marcando un cierre definitivo a este conflicto que por años se ha replicado en cada administración.