
Celaya, Guanajuato
Tras las manifestaciones de comerciantes en Antonio Plaza, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, fijó una nueva postura respecto al retiro de puestos en la vía pública.
Explicó que, aunque su administración mantiene como política pública el reordenamiento del comercio ambulante, accedió a otorgar un periodo de dos semanas a los comerciantes inconformes. Esto para presentar documentación que respalde la supuesta venta, renta o concesión de los espacios por parte de administraciones pasadas. Particularmente de la Dirección de Desarrollo Urbano.
Ramírez Sánchez sostuvo que esta medida no representa una pérdida de autoridad, sino una muestra de respeto a la ley y a los procesos administrativos. Señaló que durante la reunión con representantes de los comerciantes, se le mostró un documento que será verificado, al igual que otros 33 casos adicionales.
Ordenó que esta documentación se revise tanto con los archivos de Desarrollo Urbano como con el apoyo de abogados de la Dirección Jurídica, para determinar su validez. Si se demuestra la legítima adquisición del espacio, se permitirá su permanencia en la zona. Si no, se procederá con la reubicación de los puestos.
“Se les concesionó o se les rentó. Y los vamos a checar. La propuesta es que si ellos tienen razón, nosotros los regularizamos.
Si ellos no tienen razón, nosotros los reubicamos. Que ellos podrían seguir ahí porque nosotros no vamos a violar la ley. Si ellos tienen una cuestión de ley, lo regularizaríamos ahí.
¿Pero cómo va a ser una cuestión de ley si están en la vía pública, si están en la banqueta?
Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya
Es lo que nosotros nos preguntamos. Ellos nos dicen que ellos ya compraron esos pedazos. La calle, la banqueta. Pues nos dicen que desde hace dos o tres tiernos les empezaron a vender”
El presidente dejó claro que no habrá estructuras fijas en la vía pública durante este periodo. Y en caso de no comprobarse la legalidad de los documentos presentados, se procederá al retiro definitivo de los comerciantes y sus instalaciones.
Consideró que el balance de la reunión fue positivo al abrir un canal de diálogo. Pidió tanto a los comerciantes como a la ciudadanía mantener la disposición al entendimiento. Reiteró que su compromiso es ordenar el comercio sin violentar derechos legítimos ni actuar fuera del marco legal.
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