Celaya, Guanajuato
El convenio para la elaboración del programa de gobierno, firmado con un consultor español por al menos 675 mil pesos, no fue revisado por la dirección jurídica del municipio. Aunque el presidente municipal ha asegurado en repetidas ocasiones que lo firmó, el documento jamás pasó por el área jurídica, como ocurre con todos los convenios que suscribe él o el secretario del ayuntamiento.
Según se indicó, el proceso fue manejado directamente por el Instituto Municipal de Planeación (IMIPE) y su propio departamento jurídico. Ya que, al ser un organismo descentralizado, no requiere intervención de la dirección jurídica municipal.
Ante el error reconocido por el presidente, se aclaró que no corresponde a la dirección jurídica del municipio determinar acciones sobre el contrato, ya que no lo revisaron ni fueron consultados. La responsabilidad recaería en el área jurídica del IMIPE, encargada de evaluar y dar seguimiento a sus propios contratos.
Además, se enfatizó que la dirección jurídica únicamente analiza los convenios firmados por el presidente cuando estos le son entregados formalmente, lo que en este caso nunca ocurrió.
“Ahorita hasta el momento no nos han pedido que revisemos ese convenio.
Director, ¿Y si le han llegado contratos y convenios firmados por el presidente a revisión?
Si, la mayoría de contratos que llegan, que se suscribe el presidente y el secretario de Ayuntamiento, nosotros los revisamos.¿Tiene un estimado de cuántos contratos se han firmado?
Director Jurídico del Gobierno Municipal, Carlos Esteban García González
No, la verdad no, pero si ya son más, o sea, cientos. Es decir, si hubo alguna omisión o, como dijo el presidente, alguna equivocación sería del área jurídica del IMIPE, no de la dirección jurídica. Eso se debería determinar, es aventurado que yo diga de quién. O sea, no puedo… Pero por las manos de la jurídica no pasó”
Pese a la controversia sobre la firma del presidente, la dirección jurídica desconoce el documento y cualquier posible cláusula que haya condicionado la entrega del programa de gobierno.
Tampoco se ha solicitado a esta área una revisión posterior del convenio. Con cientos de contratos analizados anualmente, la omisión de este caso confirma que no fue tramitado conforme al protocolo municipal, por lo que su legalidad y consecuencias deben ser revisadas exclusivamente por el IMIPE.
