El análisis contratado por el gobierno municipal de Celaya reveló irregularidades en la asignación de recursos al exalcalde Javier Mendoza. La administración actual confirmó que, al no hallar el acta oficial de una sesión del ayuntamiento previa al término del periodo pasado, se inició una denuncia penal por la presunta sustracción del documento. Este acto irregular complica la verificación de las decisiones tomadas sobre la asignación de camionetas y personal de seguridad al exfuncionario.
Según el presidente municipal, el estudio externo permitió estimar una reducción del 60% al 80% en estos recursos, lo que representará un ahorro significativo. En el análisis también se detalló que se contrataron camionetas blindadas ante la falta de vehículos oficiales, una medida que ya concluyó. El estudio, cuyo costo es mínimo en comparación con los ahorros proyectados, fue elaborado por un despacho independiente para evitar conflictos de interés.
“El estudio lo hizo gente fuera de nosotros, porque no queríamos y no queríamos que dijeran que nosotros tenemos algún interés y entonces se pidió, se contrató a una persona, a un grupo de personas distintos para que hicieran esto. No fue muy caro y aparte, si se actúa con el rigor de bien ese estudio, con la gasolina de un mes de las camionetas que se puedan regresar, con eso pagamos el estudio y nos ahorramos todo lo demás tiempo, pero aparte nosotros tenemos unas camionetas que ya entregamos blindadas, por la misma situación en que teníamos, se tuvo que recurrir a conseguir, a alquilar unas camionetas blindadas, se terminó ya ese alquiler, pero ahora sí requerimos pues más camionetas y yo no estoy dispuesto a comprar una camioneta blindada.”
Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya
Las conclusiones serán presentadas a la comisión de seguridad, el pleno del ayuntamiento y autoridades estatales para determinar las acciones necesarias, que incluirían una reasignación más justa de los recursos. el mandatario destacó que la denuncia por la desaparición del acta fue interpuesta ante la fiscalía y que se espera sancionar a los responsables. aunque persiste la secrecía sobre la seguridad del exalcalde, se aseguró que las modificaciones al protocolo mantienen las garantías necesarias para su protección.
